¿Cómo mejorar el Derecho?

Mejorar el derecho es una tarea que en principio corresponde a los individuos facultades para crear y reformar el marco jurídico, que en el caso mexicano descansa esta facultad en tres entes, el Presidente de la República, el Congreso y los congresos locales, cuando nos referimos al ámbito federal y, en una etapa posterior e indirecta sin que signifique reformas legales, está la jurisprudencia emitida por el poder judicial.

En el caso de los órganos políticos que ostentan representación de la sociedad, el derecho queda legitimado por ese carácter representativo, sin embargo hay que cuestionar si en la época contemporánea la emisión formal de normas jurídicas, apegada a un modelo procedimental, estable es suficiente y eficaz para responder a las demandas de la sociedad.

Lo cierto es que el sistema político sustentado únicamente en la fórmula de la democracia representativa pareciera, en ocasiones, rebasado. El Congreso, como la instancia encargada de emitir legislación, tiene origen en procesos democráticos razonablemente aceptables, pero en muchas sociedades existe una figura jurídica que permite darle a la legislación mayor legitimidad. Ello consiste en la utilización de lo que se conoce como democracia participativa.

Este concepto se concreta a través al menos de tres mecanismos la consulta popular, el plebiscito y el referéndum. En México este ha sido un tema polémico y hasta ahora han prevalecido las resistencias a incorporar este sistema para legislar, sobre todo cuestiones de relevancia para la Nación, en especial lo que se refiere al plebiscito y al referéndum.

En el caso de la consulta popular ha habido diversas experiencias que han resultado positivas para ventilar y propiciar la sensibilización y debate de asuntos importantes. En los años recientes, la reforma energética permitió que diversos sectores de la sociedad se expresaran en el marco institucional sobre su perspectiva de lo que debía contener dicha reforma.

Sin duda, la consulta aunque no tenía un carácter vinculatorio, es decir que obligara a los legisladores a tomar algún punto de vista como orientación o mandato, si fue útil para facilitar una toma de decisión mejor informada. A partir de dicha consulta, previa a la dictaminación y aprobación de la reforma energética, fue posible que la sociedad manifestara los límites en la que esta debía darse y ello permitió elaborar una legislación acorde con lo que la ciudadanía mayoritariamente quería.

Así, desde mi punto de vista, una vía para mejorar el derecho en estas épocas de mayor democracia, sería ampliar sus cauces a la participación directa de la ciudadanía. La cuestión es definir con precisión cómo, cuándo, en qué casos, quiénes serían los responsables para la aplicación y operación de dicho modelo. En un sistema político y jurídico en proceso de consolidación institucional este no es un asunto menor. Por el contrario, la democracia participativa requiere de gran madurez institucional, de un marco jurídico de gran precisión y operadores no sólo confiables sino sobre todo capaces para garantizar certidumbre jurídica a las decisiones que fueran tomadas a partir de dichos mecanismos.