Validez de normas

Sin duda, un tema de gran relevancia jurídica tiene que ver con la validez de las normas. Hay incluso quienes aseguran que éstas dejan de ser válidas si no cuentan con el consenso social o aun más allá con un criterio subjetivo le parecen injustas a una persona o grupo humano. También hay quienes desde una perspectiva más rígida, inscrita dentro de la corriente del positivismo jurídico, le otorgan validez a una disposición jurídica sólo si cumplen un conjunto de elementos y características. Entre ellos, quizá el más destacado, está relacionado con la facultad con que cuente quien la emite y el proceso para llevarlo a cabo.

Ahora bien, con frecuencia en el proceso de emisión de normas jurídicas, se dan lo que los abogados y los operadores jurídicos llaman antinomias o contradicciones entre diversas disposiciones. Sobre este tema en particular, exige a los operadores una constante actualización sobre el marco jurídico, así como realizar un esfuerzo para lograr una adecuada armonización entre normas.

Para ello, en primer lugar, parece conveniente recurrir a contrastar las normas dentro de manera sistémica; es decir, hay que revisar la jerarquía de la norma que se emite y su posible contradicción entre las que son de menor nivel y las de mayor nivel. En este sentido y en el caso del Derecho mexicano habrá que considerar, en primer término el apego a la Constitución.

Como una forma práctica, luego es pertinente aplicar el principio general de derecho que se refiere a que la norma más reciente deja sin efectos la norma más antigua o bien otra vía sería analizar su generalidad y los principios y reglas.

Desde mi punto de vista, este esquema puede ser útil para identificar y eventualmente resolver conflictos entre normas o como ya dijimos antinomias, pero parece insuficiente. La clarificación de un problema entre normas requiere un conocimiento más profundo de los diversos asuntos, por poner sólo un ejemplo hasta ahora estaríamos hablando de normas que afectan las relaciones entre particulares, pero qué sucede cuando hablamos de derecho público en sus distintas expresiones particularmente de carácter administrativo. En ese sentido, es conveniente utilizar otras herramientas de interpretación más complejas, inscritas dentro de la doctrina jurídica y la disciplina del derecho.