Mali, ejemplo de exclusión social

La crisis política que se vive en parte de África y, en especial, en países con gobiernos teocráticos basados en el islamismo, como es el caso de Mali, pone de manifiesto que las naciones en donde se confunde y funden en uno el Estado y la religión, no han podido consolidar regímenes democráticos. Por el contario, en Mali las disposiciones islámicas de su gobierno, siguiendo a Villoro, demuestran que lejos de construir Estados que logren la inclusión, como una vía para la justicia, lo que propician es una destrucción del tejido social e imposibilita la acción estatal, frente a uno o varios contrapoderes surgidos de grupos que se oponen a régimen autoritario y alejado de la voluntad ciudadana, que rápidamente pierde legitimidad y recurre a la imposición para intentar mantener ciertos niveles de gobernabilidad.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/18/actualidad/1337366258_482180.html

Argelia, sociedad fracturada por un Estado excluyente

La primavera árabe que llevó a la crisis política a diversos países islámicos tiene como trasfondo una profunda confrontación social y profundas fracturas en sociedades con regímenes político-religiosos. No obstante que en Argelia las recientes elecciones le dieron un triunfo contundente al Frente de Liberación Nacional y que se encuentra en el proceso de elegir al Presidente de la Asamblea Nacional, hay anuncios de los triunfadores que hacen pensar en que la división entre los argelinos continuarán. El enfrentamiento postelectoral entre el FLN y los islamistas y el deseo de ejercer el poder de manera omnímoda por el triunfador llevan a suponer que la exclusión social y política de un grupo importante, en términos de Luis Villoro, como son los musulmanes, profundizará la fractura de esa sociedad y dificultará la acción de gobierno. La falta de voluntad del nuevo gobierno a favor de la inclusión, complicará la vida política, alejará el avance de la democracia y tendrá como consecuencia una justicia débil. A ello, seguramente, se opondrá un contrapoder organizado por los islámicos.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/05/17/algerie-apres-sa-victoire-aux-elections-le-fln-ironise-sur-les-islamistes_1703309_3212.html

Democratización en Inglaterra

El cambio que propuso la Reina Isabel II al Parlamento, a sugerencia del Primer Ministro, consiste en democratizar la Cámara de los Lores, para reducir su número y que sus miembros sean elegidos por voto ciudadano, en lugar de ser designados por la Monarquía. Se trata de una transformación de fondo que impacta en el concepto de soberanía. Siguiendo a Carré, de concretarse esa iniciativa, la monarquía constitucional británica dejaría de recaer esencialmente en su Reina para fortalecer la soberanía popular, al cederle a los ciudadanos poder en la toma de decisiones. Aunque el Estado conservaría sus potestades, la forma de acceder y ejercer el poder cambiará necesariamente, en favor de la población, lo que significará la democratización del Reino Unido. http://www.reforma.com/internacional/articulo/656/1311669/

Servicio civil: ¿obstáculo para la reforma del Estado?

El servicio civil más antiguo del mundo, que opera en Inglaterra, está atravesando por un momento de redefinición. Aunque ese servicio ha sido determinante para el funcionamiento del gobierno inglés, para algunos políticos representa un obstáculo en la reforma del Estado. El servicio civil tiene como elementos básicos el mérito y el desarrollo de capacidades de los funcionarios y permite la continuidad o impide la interrupción de las responsabilidades gubernamentales ante los cambios políticos. Este modelo es útil, en especial en los regímenes parlamentarios. Sin embargo, se corre el riesgo de que sus integrantes sean reacios a los cambios y pierdan interés en actualizarse. Algo así ha pasado en Inglaterra. El punto pareciera que se ha convertido en un asunto político, sin duda que los servidores públicos de carrera han entrado en una zona de confort de la que hay que sacarlos, pero eso implica también la creatividad de parte de los políticos, que siempre están tentados a premiar la lealtad personal o partidista por encima de las capacidades, habilidades y compromiso institucional de profesionales de las tareas gubernamentales. El servicio civil, en consecuencia, debe convertirse en un factor activo de la reforma del Estado y no en un obstáculo. http://www.economist.com/node/21553069

Nacionalización en Argentina: decisión soberana

Mediante una decisión, sin precedente, la Presidenta de Argentina nacionalizó la empresa energética YPF. En algunos lugares se cuestiona el impacto que tendrá la acción del Ejecutivo del país austral. Se trata de un acto político, económico y jurídico que en el fondo es un ejercicio pleno de la soberanía del gobierno argentino. El asunto ha sido cuidadoso de respetar el Estado de Derecho y, por ello, el decreto de nacionalización y/o estatización ha pasado por un intenso debate en el Congreso para convertirse en Ley. El Estado de Derecho exige no sólo crear certidumbre jurídica, sino la colaboración democrática entre poderes. No obstante, en una economía globalizada, hay quienes piensan que más allá de la decisión soberana y de la pulcritud jurídica, se trata de un desacierto porque Argentina enfrentará graves problemas para desarrollar la tecnología que requiere para poder explotar sus recursos energéticos que se encuentran en el subsuelo, en especial el “gas shale”. Argentina es el tercer país en el mundo con mayores reservas del energético del siglo XXI, después de Estados Unidos y China y seguido de cerca por México. Su explotación exige un gran avance tecnológico y los detractores de la nacionalización opinan que la decisión representará un obstáculo para el desarrollo del país del cono sur. Pero ese mismo argumento se utilizó en México, en 1938, cuando Lázaro Cárdenas, en un ejercicio de plena soberanía, nacionalizó las empresas petroleras. Con el caso de Argentina, nuevamente se pone en entredicho la compatibilidad de las decisiones de un Estado soberano de Derecho con los requerimientos del mercado internacional y los dogmas neoliberales. http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=829806

Xenofobia española

La dramática situación que se vive en diversos países de África, la inmigración de los países de Europa del Este y la apertura de fronteras como consecuencia de la constitución de la Unión Europea han dado lugar a un importante fenómeno migratorio en todo el viejo continente, en especial hacia España. Sin embargo, la crisis económica del país ibérico, junto con el arribo de un gobierno conservador, ha llevado a prácticas xenofóbicas como es la exclusión de los inmingrantes al sistema público de salud. Esa decisión del Consejo de Ministros pone en entredicho el Estado Constitucional de Derecho, ya que la Ley obliga a la prestación de esos servicios a los inmigrantes aunque se encuentren en España de manera irregular. Ello implica que ante una decisión administrativa se deba cambiar la Ley por parte de las Cortes Españolas y significará un intenso debate en una Nación cuya monarquía constitucional está seriamente cuestionada en estos momentos. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/20/actualidad/1334935039_248897.html

Egipto: lejos del Estado constitucional de Derecho

La crisis política en Egipto ha puesto al país en una circunstancia política y jurídica de excepción. El parlamento ha aprobado una reforma para impedir a los políticos del viejo régimen acceder al poder ejecutivo, en las elecciones presidenciales próximas. Lo interesante es si la lucha por la democracia en el país árabe pasa por un régimen que limite los derechos fundamentales a algunos de sus ciudadanos. Parece haber una línea delgada entre democracia y derecho, con un ejercicio autoritario del poder, para combatir a la antigua aristocracia. A final de cuentas lo que está sucediendo en Egipto parece estar lejos de ser un Estado constitucional de Derecho.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/12/actualidad/1334257305_781256.html

El cambio que viene en China

China está por enfrentarse a una nueva crisis política. El vetusto partido comunista se encuentra ante el dilema de sostenerse dentro de la ideología de izquierda o dar un viraje acorde con los profundos cambios que ha vivido su economía. Sin embargo, el duro régimen chino aun se resiste a transformarse y a través de leyes, aprobadas por la Asamblea Nacional, busca reprimir a los grupos renovadores dándole más poderes discrecionales a la polícía y a las autoridades ministeriales, lo que significa seguir atropellando los derechos humanos de la población china, la cual padece el autoritarismo. El cambio que viene en China necesariamente debe pasar por la democracia.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/03/14/actualidad/1331728000_050852.html

Detienen refinería en España

En España el Ministerio de Medio Ambiente detuvo la construcción de una refinería por considerarla dañina a la ecosistema. Pese a que el país ibérico atraviesa por una grave crisis de desempleo, los técnicos ambientalistas del gobierno toman una decisión acertada, anteponiendo el interés general al de los particulares. Sin duda se trata de una acción de gobierno polémica por su impacto en la economía, pero lo importante es que en las políticas públicas se tome en cuenta una visión integral de los asuntos a resolver, al tiempo de escuchar no solo a las partes directamente involucradas, sino también a la sociedad civil organizada. La cancelación del proyecto representará algunos retos energéticos para España, pero los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente supieron decidir a favor de una auténtica política de desarrollo sustentable.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/29/actualidad/1333022163_595109.html

Facultades presidenciales en las constituciones de 1824, 1857 y 1917

La Constitución mexicana de 1824 establece un conjunto de atribuciones para el Presidente en su artículo 110, asimismo señala algunas restricciones en el artículo 112. En cuanto a las atribuciones, incluidas en 21 fracciones, podrían agruparse en las relacionadas con la promulgación de leyes, aprobadas por el Congreso, así como dictar reglamentos, decretos y órdenes para su cumplimiento; establece la obligación de conservar la integridad de la federación, y sostener la independencia en lo exterior, y la unión y libertad en lo interior. El Presidente tenía libertad para nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, así como determinar el destino de las inversiones públicas con apego a las leyes; designar, como ahora lo hace, a representantes diplomáticos y consulares y los altos mandos militares, con la aprobación del Senado, y sin ella a los demás integrantes del ejército permanente, armada y milicia activa, y de las oficinas de la federación. Tenía atribuciones relacionadas con el poder judicial al nombrar a propuesta en terna de la Corte suprema de justicia los jueces y promotores fiscales de circuito y de distrito, así como cuidar de que la justicia se administrara pronta y cumplidamente por la Corte suprema, tribunales y juzgados de la federación, y de que sus sentencias fueran ejecutadas según las leyes. Respecto a la fuerza armada permanente podía disponer de ellas para la seguridad interior y defensa exterior de la federación, y de la milicia local con los mismos propósitos. En cuanto a las relaciones internacionales podía declarar la guerra, firmar tratados y concordatos (acuerdos con la Santa Sede). En relación con el Congreso, el Presidente podía pedir prorrogar sus sesiones, convocar a periodos extraordinarios. El Presidente no podía mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo consentimiento del Congreso general, ni privar a nadie de su libertad, ni imponer penas; pero si podía arrestar, tampoco podía ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso o aprovechamiento de ella; no podía impedir las elecciones ni salir del territorio de la República durante su encargo, y un año después, sin permiso del Congreso.

En la Constitución de 1857 se preveían en el artículo 85, un total de 15 facultades y obligaciones del Presidente, relacionadas con la promulgación de leyes y reglamentos, el nombramiento y libre remoción de secretarios, personal diplomático y empleados superiores de hacienda que no estuviera previsto de otro modo en la propia Constitución y leyes. en algunos casos restringido a la aprobación del Congreso, como sucedía desde 1824 y conservó las mismas atribuciones que, desde ese entonces, se le concedieron respecto a las fuerzas armadas y las relaciones internacionales, aunque ya no aparecen las disposiciones sobre los concordatos y en cambio se le autoriza establecer puertos y aduanas, así como la posibilidad de conceder indultos.

Las facultades y obligaciones del Presidente son consignadas en 20 fracciones en el artículo 89 de la Constitución de 1917 prácticamente en los mismos términos de la Constitución de 1857, con la salvedad de que el Ejecutivo también puede conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Los cambios que tuvieron las facultades presidenciales en las constituciones de 1857 y 1917 en realidad fueron adaptaciones a las previstas en la de 1824, en especial las relacionadas con el contexto político de la época y de manera relevante aquellas que establecieron la separación Estado-Iglesia y las relaciones con esta última

La refundación de un Estado; Nepal

Nepal está inmerso en un proceso de refundación. Pese a que su existencia data del siglo XVIII, hoy su sociedad debate cual debe ser su futuro y para ello se ha elegido una asamblea constituyente, que al parecer está condenada al fracaso en el mandato que tiene de proponer una nueva Constitución.

La discusión en una sociedad caracterizada por castas dominantes y grupos étnicos tiene un reto enorme por superar: construir un Estado nacional unido, en el que puedan convivir y ser respetados los derechos de los grupos étnicos en un régimen federalista, pero al mismo tiempo con prácticas poco democráticas, marcadas por la lucha entre las ideas religiosas y una añeja ideología maoísta. La refundación nepalí pasa necesariamente por crear un Estado de Derecho, pero para ello se requieren consensos básicos sobre el tipo de régimen político que desean no solo quienes han detentado el poder durante muchos años, sino lo que desean sus propios habitantes. Una Constitución que dé forma al nuevo Estado nepalí implica un rediseño institucional, el respeto a los derechos fundamentales y abrirle espacio a una ciudadanía plural. Todo ello se traduce en la construcción de un país democrático. De no lograrse un acuerdo en lo fundamental, Nepal se verá irremediablemente inmerso en una guerra civil, como las que ya ocurren en otras latitudes de Asia y África.

http://www.economist.com/blogs/banyan/2012/03/nepal-and-its-regions

El neoliberalismo en pleno en España

http://economia.elpais.com/economia/2012/03/15/actualidad/1331832989_248534.html

El Consejo de ministros de España, en el marco de un régimen constitucional parlamentario ahora de derechas, ha dado un nuevo giro a la política económica para superar la crisis del déficit público. En sentido contrario a lo realizado por el PSOE en el gobierno, que buscaba proteger el empleo como medio para reactivar la economía, el gobierno emanado del PP adopta medidas de corte neoliberal, para adelgazar las estructuras del Estado. Estas políticas, que ya han demostrado su ineficacia, a lo largo de tres décadas, siguen siendo asumidas como recetas infalibles, que tal vez aligeran la carga presupuestal pero propician una mayor concentración de la riqueza y profundizan la desigualdad. Sin duda estas medidas neoliberales contribuirán a agudizar la crisis del desempleo que vive España y sus resultados económicos positivos son inciertos. El gobierno del Partido Poular parece estar apostando a la impopularidad

Obama, contra la discriminación

http://www.nytimes.com/aponline/2012/03/09/us/AP-US-LGBT-Homeless-Youth.html?_r=1&hp

En medio de las campañas presidenciales en Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama se lanza a conquistar el voto de la comunidad LGTB, anunciando programas habitacionales especiales. Se trata de una nueva acción afirmativa, propia del sistema de derecho consuetudinario, a favor de grupos sociales vulnerables. Como sucedió en los años 60 con la comunidad afroamericana, el Estado norteamericano ahora desarrolla políticas públicas para una comunidad que cada día se hace más presente en diversas regiones de la Unión americana. Aunque en este caso más pareciera que los demócratas hacen el guiño, bajo la bandera antidiscriminatoria, con claros propósitos electorales.

Tajikistán bloquea el acceso a internet

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/03/03/le-tadjikistan-bloque-facebook-et-des-sites-independants_1651575_651865.html

El gobierno del país asiático más pobre de lo que fue la URSS ordenó bloquear el acceso a diversos sitios de internet, en especial Facebook. Aunque no se han dado prácticamente explicaciones, algunos consideran que es una forma de censura política. Esta situación es probable por la constante violación a los derechos humanos y represión en contra de los grupos opositores.

La República de Tajikistán, a pesar de ser un Estado laico y de que ha sufrido guerras civiles por razones étnicas y religiosas, tiene un fuerte ascendente islámico. Este factor es determinante para el rechazo al acceso a las tecnologías de la información, a las costumbres, avances y cultura de occidente. La situación política y social de ese país del Asia Central muestra la debilidad del Estado de Derecho frente a instituciones fuertes, democráticas sólo en la formalidad , pero excesivamente autoritarias y en donde las libertades son limitadas al arbitrio del gobierno e impera una gran incertidumbre jurídica.

Reforma indispensable del Servicio Civil

http://www.economist.com/blogs/leviathan/2012/02/civil-service-reform-1

En el Reino Unido donde opera el servicio civil más antiguo del mundo el gobierno de David Cameron está planteando reformarlo enmedio de la crisis económica que vive Europa.

Desde hace tiempo los británicos enfrentan el problema de tener un servicio civil de carrera anquilosado por la falta de mecanismos de salida del sistema. Sin duda contar con un aparato récnico administrativo permite darle continuidad y estabilidad a las tareas gubernamentales. Sin embargo en Inglaterra la productividad y la eficacia del gobierno está siendo afectado por el desánimo de los empleados públicos y los altos costos de la seguridad social. Este tema equiere una revisión profunda del gobierno de Cameron y la Cámara de los Comunes y tendrán que encontrarle una solución pronta, sin que ello ponga en riesgo la ejecución de las políticas públicas, al tiempo de mejorar la calidad de los servicios que ofrece el gobierno a un menor costo.

Nueva liberalización económica europea

http://economia.elpais.com/economia/2012/02/20/actualidad/1329740275_419238.html

Ante la crisis que enfrentan diversos países europeos, derivada de los problemas financieros de Grecia y la deuda de otras naciones, 12 gobiernos europeos buscan iniciar una nueva etapa de liberalización económica. Entre cuyos aspectos destacan, de acuerdo con el Diario español el País, "los servicios; crear un mercado digital integrado para 2015; tener un mercado de la energía eficiente para 2014 (quitando barreras regulatorias); redoblar el compromiso en innovación; liberalizar los mercados globales (con acuerdos de libre comercio); reducir las cargas de la regulación europea; mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo y avanzar en la reforma financiera."

La crisis económica europea está exigiendo un nuevo arreglo entre los países miembros de la UE, como un esfuerzo para mantener vigente a la organización internacional que ha revolucionado los alcances y formas tradicionales del Estado. Se trata de una respuesta creativa de los países más afectados para evitar el derrumbe de la Unión Europea que tiene como ancla fundamental el acuerdo económico regional. Para ello, será fundamental las deliberaciones de los órganos de gobierno de la propia UE. En este sentido, se trata de una nueva política pública regional que rebasa el ámbito de las fronteras nacionales.

Epistemología jurídica, perspectiva de conocimiento

Durante los últimos cuatro meses he tenido la oportunidad de acercarme al conocimiento de una forma distinta a la experiencia que tuve durante más de una década. Accedí a esa posibilidad cursando la maestría en Derecho Constitucional. Particularmente, a través de la materia de Epistemología jurídica considero que se abrieron nuevas perspectivas de aprender y comprender el Derecho.

En el curso que está concluyendo pudimos analizar y debatir no sólo lo que es el pensamiento y el conocimiento enmarcados dentro de la lógica formal, sino romper paradigmas del aprendizaje. Hubo que actuar con apertura intelectual para aceptar un acercamiento atípico en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero también en cuestiones de fondo.

Abordar una temática heterodoxa nos permitió rebasar las teorías jurídicas formales y obtener conclusiones propias. Quizá la enseñanza más importante fue la relatividad que tiene el conocimiento y, en este caso, el Derecho. La perspectiva sobre el Derecho es multívoca. Nadie tiene la verdad absoluta, por lo que es necesario romper dogmas y atreverse a ver y percibir la realidad de distintas formas.

Aunque el uso de un método libre en el proceso enseñanza-aprendizaje a veces, por no decir con frecuencia, resultaba caótico, me parece que fue un acierto dejar y a tratar a las personas como adultos.

El uso de tecnologías de la información y en particular de medios como los blog y las redes sociales permitieron observar que las herramientas del mundo actual para la comunicación también pueden ser útiles para el aprendizaje y para intercambiar ideas de fondo, más allá de compartir vanalidades, como suele suceder con este tipo de medios.

Implicó un esfuerzo arduo combinar las responsabilidades diarias con la atención de estos medios, los cuales a veces no son compatibles con las tareas y las funciones que se desempeñan en el empleo; en ocasiones hubo que destinar tiempo que podía aprovecharse en las relaciones personales y familiares, pero hay que reconocer que el proceso de aprendizaje implica esfuerzo e inclusive algunos sacrificos.

Al final del día, la evaluación es positiva, pero también hay que reconocer que pese a la amplia difusión que permiten las tecnologías de la información, todavía son medios que no son comprendidos en todo el potencial que tienen. Así que felicitaciones a Armando Hernández, un profesor sui generis, que logró transmitir conocimientos y llevarnos, a veces con cierta presión, a pensar de manera diferente. El título de ete blog cobra mayor razón de ser al llamarse Pensar Derecho, porque considero que ese es el objetivo que en lo personal me plantee y logré hacerlo, no sé con cuánto éxito, pero hubo un cambio en mi percepción del ámbito jurídico. Sería deseable encontrar mayores espacios de discusión como éste y darles continuidad, ojalá este esfuerzo novedoso e incipiente continúe. Por lo pronto hay que seguir con la tarea de Pensar Derecho.

Derecho y emociones

Una pregunta que con frecuencia se hacen los estudiosos o interesados en el derecho es si su elaboración sólo implica actos racionales o también se involucran las emociones. Esta es una pregunta difícil de responder, desde un punto de vista subjetivo. Sin embargo, conviene arriesgarse a buscar al menos una explicación lógica al proceso de creación de la Ley.

La respuesta a ese cuestionamiento debe ubicarse dentro de la disciplina de la psicología social. El legislador no es un sujeto personal, sino una institución compleja formada por diversos individuos con diversas trayectorias, ideologías, militancias, distinto género, situación socioeconómica, representación política y, sobre todo, con intereses peculiares.

Desde una perspectiva epistemológica todos esos sujetos, como individuos han estado expuestos a diferentes estímulos y sus conductas muchas veces están determinadas por ellos. No obstante, el derecho mismo como resultado de un proceso autorregulado, como es el caso del derecho parlamentario pretende tener la mayor objetividad posible.

Las emociones como un proceso elaborado y controlado por la razón entonces son elementos que juegan un papel secundario en la formulación de la Ley. A menudo la falta de conocimiento respecto a esos procesos institucionales hace caer en el error de confundir posiciones ideológicas con conductas emocionales.

Suponer que las emociones están por encima del operador jurídico sería un contrasentido del derecho, pues una de sus funciones es crear certidumbre en quienes se acogen a él. Aunque el derecho es una creación humana y su aplicación está sujeta a esa condición, sería aceptable entonces asumir que hay una porción de emotividad en el mismo. Sin embargo, esa parece una generalización arriesgada.

Precisamente el derecho se constituye en un sistema interrelacionado que busca evitar, al máximo, los espacios de discrecionalidad e incluso cuando esta ocurre también existen mecanismos y métodos previstos para comprender e interpretar las normas, disminuyendo el riesgo de que un operador jurídico actué conforme a sus emociones y no a partir criterios racionales.
En todo caso, la psicología social puede ser útil para entender un contexto o la manera de comportarse de un grupo social determinado respecto a un tema concreto. Ese es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre cuando se dan fenómenos de linchamiento o casos escandalosos en los que la sociedad se ve influida en su estado de ánimo y en sus emociones. Pero el operador jurídico sin dejar de ser sensible a esos sentimientos, debe buscar en todo momento mantenerse dentro de la objetividad que el propio derecho le mandata, así como de la racionalidad. De otro modo, se corre el grave riesgo de que el derecho se utilice como un instrumento para cometer injusticias. Puesto en palabras adjudicadas a Juárez, las emociones en el derecho podrían resumirse en la siguiente máxima: al amigo justicia y gracia, al enemigo simplemente justicia.


 

¿Cómo mejorar el Derecho?

Mejorar el derecho es una tarea que en principio corresponde a los individuos facultades para crear y reformar el marco jurídico, que en el caso mexicano descansa esta facultad en tres entes, el Presidente de la República, el Congreso y los congresos locales, cuando nos referimos al ámbito federal y, en una etapa posterior e indirecta sin que signifique reformas legales, está la jurisprudencia emitida por el poder judicial.

En el caso de los órganos políticos que ostentan representación de la sociedad, el derecho queda legitimado por ese carácter representativo, sin embargo hay que cuestionar si en la época contemporánea la emisión formal de normas jurídicas, apegada a un modelo procedimental, estable es suficiente y eficaz para responder a las demandas de la sociedad.

Lo cierto es que el sistema político sustentado únicamente en la fórmula de la democracia representativa pareciera, en ocasiones, rebasado. El Congreso, como la instancia encargada de emitir legislación, tiene origen en procesos democráticos razonablemente aceptables, pero en muchas sociedades existe una figura jurídica que permite darle a la legislación mayor legitimidad. Ello consiste en la utilización de lo que se conoce como democracia participativa.

Este concepto se concreta a través al menos de tres mecanismos la consulta popular, el plebiscito y el referéndum. En México este ha sido un tema polémico y hasta ahora han prevalecido las resistencias a incorporar este sistema para legislar, sobre todo cuestiones de relevancia para la Nación, en especial lo que se refiere al plebiscito y al referéndum.

En el caso de la consulta popular ha habido diversas experiencias que han resultado positivas para ventilar y propiciar la sensibilización y debate de asuntos importantes. En los años recientes, la reforma energética permitió que diversos sectores de la sociedad se expresaran en el marco institucional sobre su perspectiva de lo que debía contener dicha reforma.

Sin duda, la consulta aunque no tenía un carácter vinculatorio, es decir que obligara a los legisladores a tomar algún punto de vista como orientación o mandato, si fue útil para facilitar una toma de decisión mejor informada. A partir de dicha consulta, previa a la dictaminación y aprobación de la reforma energética, fue posible que la sociedad manifestara los límites en la que esta debía darse y ello permitió elaborar una legislación acorde con lo que la ciudadanía mayoritariamente quería.

Así, desde mi punto de vista, una vía para mejorar el derecho en estas épocas de mayor democracia, sería ampliar sus cauces a la participación directa de la ciudadanía. La cuestión es definir con precisión cómo, cuándo, en qué casos, quiénes serían los responsables para la aplicación y operación de dicho modelo. En un sistema político y jurídico en proceso de consolidación institucional este no es un asunto menor. Por el contrario, la democracia participativa requiere de gran madurez institucional, de un marco jurídico de gran precisión y operadores no sólo confiables sino sobre todo capaces para garantizar certidumbre jurídica a las decisiones que fueran tomadas a partir de dichos mecanismos.




 

Derecho y cultura

Cuando hablamos de derecho y cultura parece que nos referimos a un concepto policémico que puede entenderse de diferentes formas. Una puede ser desde la perspectiva de del derecho, como conjunto de normas, sobre las actividades culturales. En este caso hablaríamos esencialmente de acciones de fomento emprendidas desde el Estado o de una normatividad que favorezca la libre creación cultural, claro está en un Estado democrático, porque también podría observarse lo mismo desde un ángulo autoritario en cuyas condiciones se imponen reglas restrictivas y de censura.

Sin embargo, desde un punto de vista epsitemológico, el derecho y cultura puede abordarse como un asunto de la relación que existe entre ambos y que puede resumirse en lo que denominamos cultura cívica. Esto significa el apego sistemático de los individuos a las normas jurídicas y a regir su conducta social a partir de ellas.

En este sentido, hablaríamos de la cultura del derecho. Sin caer en excesos de carácter moralista o peor aun de una indebida limitación de las libertades inherentes a las personas, la cultura del derecho, representa una forma de que los ciudadanos, aun antes de serlo jurídicamente, tengan conocimiento por lo menos de las normas básicas de convivencia civilizada. En la medida de que la cultura del derecho se fortalezca en los individuos es posible construir sociedades con menores desigualdades, avanzando en la aspiración de lograr una auténtica igualdad entre personas y grupos sociales; asimismo, se hacen viables sociedades en donde pueden convivir y coexistir las diferencias propias de las personas, sin demérito de los derechos y obligaciones de las demás.

La cultura del derecho da pie no sólo a una sociedad funcional, sino sobre todo a crear espacios de tolerancia. La amalgama entre cultura y derecho es fundamentalmente el respeto a las normas legales tanto por la autoridad como por los gobernados. La cultura del derecho es una disciplina que requiere una práctica constante para que verdaderamente sea internalizada por las personas y las instituciones, pero sobre todo para que se convierta en pieza clave de la idiosincrasia de una comunidad.